El Govern catalán aprueba su propia ley de gobiernos locales y rechaza la propuesta de Madrid

El Govern catalán aprobó el martes su propio proyecto de ley sobre los gobiernos locales de Cataluña, en el que establece las normas para los municipios y rechaza la propuesta del Gobierno español aprobada la semana anterior en Madrid.

El conseller de Presidencia y portavoz, Francesc Homs, afirmó que el Ejecutivo catalán tiene competencias exclusivas para legislar en materia local, una atribución derivada del Estatut de Autonomía aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum vinculante. El Govern, por tanto, no reconoce la ley española y rechazará cualquier intento de imposición.

Contenido principal del proyecto de ley catalán

La nueva ley catalana contempla la fusión voluntaria de municipios atendiendo a criterios históricos, identitarios, geográficos y económicos. Asimismo, obliga a los municipios a compartir servicios cuando sea necesario y establece unos estándares mínimos de calidad para dichos servicios. El Govern no delegará competencias a los municipios sin transferirles las partidas presupuestarias correspondientes.

Los consejos comarcales mantendrán la responsabilidad sobre los servicios comunes, aunque verán reforzada su capacidad técnica. La ley suprime 1.034 cargos políticos remunerados en dichos consejos y los somete a la tutela de un Consell d'Alcaldes. Además, disuelve el Consell Comarcal del Barcelonès y transforma el organismo responsable de los servicios en el Área Metropolitana de Barcelona.

Entre las medidas adicionales figuran un mayor control sobre la creación de nuevos entes locales, límites a los servicios públicos ajustados a los presupuestos disponibles y la obligación de que los municipios de más de 5.000 habitantes pongan en marcha mecanismos de participación ciudadana. Los gobiernos locales deberán publicar en sus webs los contratos y los datos de remuneración. El Govern calculó que la reforma supondrá un ahorro global de 1.000 millones de euros cada cuatro años.

Próximos pasos y puntos de conflicto con Madrid

Homs señaló que la propuesta española pone en peligro el Estado del bienestar, en alusión a un informe de expertos en políticas sociales. Ambas leyes coinciden en varios puntos, por lo que es probable que el asunto acabe en el Tribunal Constitucional para dirimir qué administración tiene competencia sobre los municipios catalanes. El proyecto de ley catalán fue elaborado a lo largo de dos años de consultas con los distintos agentes implicados.