La apuesta fiscal de Barcelona con los turistas: ¿va por delante o se está quedando atrás de sus ciudades rivales?

El gobierno municipal de Barcelona aprobó esta semana un importante incremento de la tasa turística, elevando la tarifa nocturna en los alojamientos de corta duración a 4 euros por huésped, una medida que sitúa a la capital catalana en una posición claramente diferenciada respecto a cómo otras grandes ciudades europeas afrontan sus crisis de sobreturismo.

El momento no es casual. Tras la ofensiva de 2024 contra los alquileres turísticos, que dejó fuera de servicio casi 10.000 apartamentos en Barcelona, y con los precios de la vivienda en barrios como Gràcia y Poblenou subiendo más rápido que en cualquier otro lugar de España, la ciudad apuesta con fuerza por una estrategia recaudatoria que sus competidoras están explorando con mucha más prudencia. Ámsterdam limitó su tasa turística a 3 euros por noche el año pasado y ahora se enfrenta al malestar creciente de sus vecinos. Venecia, por su parte, abandonó por completo su propuesta de cobrar una tarifa de acceso tras el rechazo político que generó. Barcelona, en cambio, no frena.

Una estrategia fiscal en terreno desconocido

La decisión municipal, impulsada por el gobierno de Collboni, responde al cálculo de que el tirón de la marca Barcelona —sus playas, el Barrio Gótico y la Sagrada Família atraen a 32 millones de visitantes al año— le otorga una posición de fuerza de la que carecen ciudades más pequeñas. El Departamento de Urbanismo estima que la ampliación de la tasa generará 80 millones de euros anuales en 2027, fondos destinados a vivienda asequible y mejoras del transporte público. Es una apuesta considerable: el presupuesto municipal total de Barcelona ronda los 3.200 millones de euros, por lo que esos ingresos turísticos supondrían un aumento real del 2,5 por ciento.

Sin embargo, la puesta en práctica presenta fisuras. El Gremi d'Hotelers de Barcelona advirtió de que el gravamen podría desviar a los viajeros con presupuesto ajustado hacia localidades cercanas como Castelldefels o municipios del interior como Montserrat, restando reservas a los establecimientos más pequeños. La empresa matriz de Airbnb señaló de inmediato que asumiría parte del coste en lugar de repercutirlo íntegramente al huésped, un alivio que no durará si la competencia ofrece precios más bajos que Barcelona. Las cadenas hoteleras con establecimientos en el Passeig de Gràcia y los alrededores de la Plaça Reial ya han comenzado a reajustar sus ofertas.

Qué están haciendo realmente las ciudades comparables

Berlín, que sufrió una crisis de vivienda incluso más aguda que la de Barcelona, optó por el camino contrario. La capital alemana prohibió por completo los alquileres turísticos de corta duración en 2020 y recuperó en tres años alrededor de 15.000 viviendas para el mercado de arrendamiento a largo plazo. Sus cifras de turismo cayeron un 8 por ciento en un primer momento, pero se estabilizaron al cabo de 18 meses. París impuso un límite de 60 noches anuales por inmueble a los alquileres a través de Airbnb y mantuvo estables sus cifras de visitantes al tiempo que recuperaba más de 7.000 apartamentos. Ambas ciudades priorizaron la oferta de vivienda sobre la recaudación fiscal.

Lisboa, que afronta presiones similares a las de Barcelona, introdujo en 2023 un impuesto municipal del 6 por ciento sobre las reservas de corta duración, pero lo acompañó de estrictos límites de licencias: solo 10.000 permisos en toda la ciudad. El resultado fue que los precios del alquiler en los barrios céntricos siguieron subiendo un 11 por ciento anual, pero la ciudad recaudó 45 millones de euros para vivienda social sin provocar el mismo nivel de abandono del sector.

El planteamiento de Barcelona se sitúa a medio camino. La ciudad mantiene la prohibición de nuevas licencias de alquiler turístico mientras grava más las existentes. Esto mantiene la oferta contenida, pero también sostiene la presión sobre los precios del alquiler a largo plazo. La renta mensual media en el Eixample, el distrito más afectado por el alojamiento turístico, alcanzó los 1.450 euros en junio, frente a los 1.150 euros de hace dos años, según datos del portal inmobiliario Idealista.

El Ayuntamiento realizará un seguimiento trimestral del impacto de la tasa a partir de septiembre. Si se dispara la cancelación de reservas o los operadores emigran a plataformas sin licencia, los responsables municipales aseguran que están dispuestos a introducir ajustes. Esa flexibilidad podría ser necesaria. Lo que funciona en Barcelona, con su atractivo mediterráneo y su repleta temporada estival, no tiene por qué trasladarse a otros mercados, del mismo modo que las lecciones de Berlín o París no son necesariamente aplicables aquí. La verdadera prueba llegará en otoño, cuando las cifras turísticas de Barcelona se normalicen y la ciudad pueda medir si la tasa desvió visitantes a otros destinos o simplemente trasladó dinero a las arcas municipales mientras las familias catalanas siguen pagando alquileres de récord.